La Ley del Derecho a la Vivienda busca establecer y asegurar el derecho constitucional a un alojamiento adecuado y quiere ayudar a los grupos que enfrentan dificultades en su acceso. Algunos aspectos clave de esta nueva legislación son:
1. Expansión de las áreas de tensión inmobiliaria
La ley redefine las zonas de tensión inmobiliaria teniendo en cuenta dos condiciones:
– Si los costos de hipoteca o alquiler mensual superan el 30% del ingreso promedio
– Si los precios de venta o alquiler de la vivienda han aumentado más de tres puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años.
2. Reducción del límite de propiedades para Grandes Tenedores
Anteriormente, un Gran Tenedor era alguien con 10 o más propiedades. Ahora, bajo la nueva legislación, un Gran Tenedor es alguien con cinco o más propiedades en zonas de tensión inmobiliaria o hasta 10 en zonas no tensionadas.
3. Limitación a la actualización del alquiler sin tener en cuenta la inflación
Los aumentos de alquiler ya no están ligados a la inflación. Durante 2023, el aumento máximo será del 2%, y a partir de enero de 2024, el máximo será del 3%.
4. Gastos de gestión inmobiliaria
Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador.
5. Prohibición del aumento del alquiler mediante cargos adicionales.
La ley establece que no se pueden añadir nuevos cargos al arrendatario que no estuvieran previstos en el contrato anterior.
6. Se han introducido medidas de protección adicionales contra los desalojos.
La ley establece normas más rigurosas para los desalojos bajo ciertas circunstancias. Inicialmente, no se permitirán demandas de recuperación de propiedad de un inmueble, a menos que se especifique si el inmueble es la vivienda principal del ocupante; si el demandante es un gran tenedor de viviendas y, en tal caso, si la parte demandada se encuentra en situación de vulnerabilidad económica o no.
Si estas tres condiciones se cumplen, la demanda no será aceptada a menos que se haya realizado un proceso de mediación o conciliación previo.
Además, los desahucios sin una fecha y hora específicas están prohibidos, y los plazos de suspensión en los procedimientos de desalojo se extienden en situaciones de vulnerabilidad.
7. Beneficios fiscales para propietarios
A partir del 1 de enero de 2024, los propietarios con una propiedad en una zona de tensión inmobiliaria recibirán incentivos fiscales en su declaración de impuestos sobre la renta. Las bonificaciones varían del 50% al 90%, dependiendo de ciertas condiciones como alquilar a jóvenes de 18 a 35 años o reducir la renta inicial más de un 5% en relación con el último contrato de alquiler.
8. Recargo del IBI
El Gobierno permitirá a los Ayuntamientos que puedan aumentar la tasa del IBI para viviendas que estén vacías con un recargo de hasta el 150%.
